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La cadena de supermercados Mercadona ha sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por implantar un sistema de reconocimiento facial en 48 de los 1.640 establecimientos que la compañía tiene repartidos por todo el Estado.

Mercadona tendrá que abonar 2,5 millones de euros por una “prueba piloto” consistente en recabar información biomecánica de los clientes que acudían a sus establecimientos, una práctica que contraviene el Reglamento General de Protección de Datos en materia de licitud del tratamiento (artículo 6) y tratamiento de categorías especiales de datos personales (artículo 9) según ha declarado la AEPD.

El objetivo del programa, según la compañía, era aumentar la vigilancia sobre las personas con sentencias firmes y órdenes de alejamiento en vigor contra Mercadona o contra alguno de sus trabajadores. Para ello, un sistema algorítmico “aplicaba un filtro tecnológico y una segunda verificación visual establecía que la persona identificada tenía una orden de alejamiento vigente contra el establecimiento”.

Fuentes de la investigación han confirmado a este diario que varios supermercados de la provincia se han visto afectados por esta práctica ilícita, aunque no han especificado cuáles, ni en qué medida este programa de reconocimiento facial ha afectado a la intimidad de los consumidores onubenses.

La compañía niega, sin embargo, que en ninguna de las tiendas de Huelva se haya implementado nunca este sistema. “Desde que se implantó en julio de 2020 nosotros hemos sido transparentes en todo momento y en ninguna de las tiendas ni de Huelva ni de su provincia se ha implantado nunca esta prueba piloto”, explica a Diario de Huelva, Marta Rosa, directora de relaciones externas de Mercadona. La empresa asegura que en todas las tiendas en que este sistema tuvo vigencia en algún momento había “carteles amarillos de advertencia” en los que se prevenía a los clientes de las actuaciones que se estaban llevado a cabo con su imagen, así como sus derechos de acceso y rectificación a la información.

Los sistemas de reconocimiento facial se encuentran actualmente en auge especialmente entre grandes corporaciones y gobiernos no democráticos. Tienen su base en algoritmos de aprendizaje automático o Machine Learning, un sistema que permite reconocer patrones entre una gran cantidad de datos. En el caso de Mercadona, el modelo estaba programado para discriminar entre todos sus clientes aquellos perfiles que coincidían con una potencial amenaza.

Dada su incidencia en la intimidad de los individuos y el correspondiente choque con derechos fundamentales, los sistemas basados en algoritmos de aprendizaje automático están todavía en fase experimental.

Lorena Fernández, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto, explica que estos nuevos modelos están condicionados por sesgos que limitan su capacidad operativa. Estos sesgos se deben según Fernández, fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar a que la realidad de la que aprenden está condicionada por los prejuicios de quienes los diseñan y en segundo lugar a que esos mismos diseños obvian de forma consciente partes de la realidad que el modelo no aprende, confundiendo en la práctica una parte de la realidad con la única.

Estas deficiencias hacen, por ejemplo, que los sistemas de reconocimiento facial no respondan correctamente a cuestiones como el género o la raza.

En multitud de experiencias, estos modelos han demostrado que tampoco son capaces de distinguir correctamente a personas transexuales y transgénero y, no digamos, a personas no binarias.

Por todos estos efectos perniciosos y por la proliferación de este tipo de programas en empresas tanto privadas como públicas en toda España, más de 70 investigadores, activistas y docentes del mundo de la tecnopolítica han suscrito una carta al Gobierno central para pedir una comisión de investigación que estudie la posibilidad de una moratoria para valorar el alcance y la repercusión del reconocimiento facial en los derechos de los ciudadanos. Desde su lanzamiento, la carta ha recibido más de un centenar de adhesiones.

Tras el fallo de la AEPD, Mercadona ha decidido abandonar este programa piloto y abonar de forma íntegra la multa impuesta sin imponer ningún recurso. Por el pronto pago, la cadena de supermercados ha recibido una reducción del 20 % sobre el importe inicial reclamado.

Fuente. diariodehuelva.es

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