¿Hay aplicaciones que están aprovechando la alerta desatada por el coronavirus para recopilar nuestros datos? “Todas”, afirma tajante la abogada experta en ética de los datos Manuela Battaglini Manrique de Lara (Arrecife, 1974).
Se refiere, según matiza acto seguido, a “las que normalmente tenemos en nuestros móviles y usamos en el día a día”: “Se están lucrando recopilando y vendiendo salvajemente incluso más información que antes. Google se está poniendo las botas, Facebook ni te cuento y también otras como Dropbox, Amazon o Zoom”.
Esta última aplicación de videollamadas, que se ha colado entre las más descargadas en las tiendas de aplicaciones desde que se decretó el confinamiento, recopila una cantidad ingente de datos. Así lo afirma Battaglini, que hace referencia a su política de privacidad: “No solamente guarda datos proporcionados voluntariamente como tu nombre y tu dirección de correo electrónico, también las conversaciones, los documentos que compartimos, el tiempo que estamos hablando, nuestros dispositivos o nuestra geolocalización”. Considera que la situación es parecida con aplicaciones de videollamadas como Skype o Google Hangouts.
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Es momento de usar las apps éticas que no aprovechan esta crisis para recopilar salvajemente nuestros datos para ganar millones de € a costa de la ciudadanía.
Por ello, ha solicitado a EL PAÍS realizar la entrevista por Whereby, una aplicación cifrada de extremo a extremo. “Nadie tiene acceso a lo que estamos hablando ahora mismo”, asegura esta lanzaroteña desde Dinamarca, donde reside. Como Whereby, existen “otras alternativas éticas cuyo modelo de negocio suele ser la suscripción”. Ella, en vez de usar Gmail, utiliza Protonmail. No tiene Instagram y pese a que sí se ha descargado WhatsApp para poder hablar con familiares y amigos, siempre que puede opta por la aplicación de mensajería instantánea Wire.
La abogada Manuela Battaglini advierte de que la educación ‘online’ deja información de menores en manos de gigantes tecnológicos
Además, no usa Facebook en el móvil. Entra solo una vez a la semana desde el ordenador para ver las publicaciones de sus contactos y se asegura de cerrar sesión por completo. “Si no lo haces correctamente, Facebook sabe perfectamente las páginas que visitas. Hay que tener en cuenta que la compañía usa patrones oscuros, es decir, trucos en el diseño para engañar al usuario”, afirma. Acto seguido comenta los pasos para evitarlos. Después de cerrar sesión, aparece una página con la fotografía de perfil del usuario y un círculo rojo que indica las notificaciones. Habría que clicar en la “x” para cerrar la sesión totalmente.
Más allá del uso de este tipo de redes sociales, a Battaglini también le preocupa que con el cierre de escuelas los datos de menores queden en manos de gigantes tecnológicos. Diferentes centros optan para la digitalización de sus clases utilizando herramientas de compañías como Google o Microsoft. “Los colegios normalmente quieren usar este tipo de herramientas por la facilidad, la usabilidad y lo bonito que es el diseño”, afirma la abogada.
Pese a que las herramientas para menores de estos gigantes tecnológicos tienen una política de privacidad más estricta que las pensadas para el público general, Battaglini asegura que “siguen siendo invasivas”. Defiende que con ellas pueden saber “todo lo que hablan los niños, dónde están, qué es lo que escriben o los mensajes que envían”. Muestra la gravedad del asunto con el siguiente ejemplo: “Cuando un niño es disléxico y escribe mal, la herramienta lo detecta inmediatamente y ya está perfilado como disléxico”.
Para ella, “aún queda mucho trabajo de concienciación sobre el impacto social que pueden ocasionar ese tipo de herramientas en los niños cuando crezcan”. “Estas compañías dicen que no hacen perfiles comerciales, pero a mí la publicidad es lo que menos me importa. Que me aparezca un anuncio para que me compre unos zapatos me da igual. Lo que me importa es qué va a pasar con esos perfiles una vez que esos niños ya no sean estudiantes. ¿A qué se va a dedicar esa información?”, se pregunta. La solución para evitarlo sería seguir el ejemplo de la Generalitat Valenciana, que “ha creado sus propias herramientas de código abierto y almacena la información en sus servidores”.
Uso excepcional de los datos
Battaglini asegura que la crisis generada por el coronavirus permite en ciertos casos un uso excepcional de los datos. De hecho, ha firmado junto a cerca de 60 abogados, filósofos, académicos y expertos en privacidad una carta de apoyo al Gobierno en su uso de tecnología que afecte a datos personales. “Ahora mismo lo que prima es el derecho a la vida. Nos parece perfecto que recoja todos los datos que necesite siempre que se limite a usarlos para los objetivos para los que los ha recopilado: acabar con la pandemia”, aclara.
El artículo 9.2 i) del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establece la posibilidad de tratar datos personales cuando “es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud”.
La abogada recuerda que se trata de “unos datos muy complejos porque señalan de manera directa al usuario final”. “Un email puede que no te señale a ti de forma directa, pero tu ADN, tu cara, tu huella dactilar o tus datos de salud sí lo hacen. Si caen en las manos no apropiadas y se introducen en algoritmos sesgados, el gran problema es que se pueden tomar decisiones automatizadas totalmente discriminatorias con un impacto muy negativo a la sociedad. Podría ser desastroso”, afirma.
Por ello, considera fundamental lo que ocurra en el futuro con la información que el Gobierno pretende recopilar como los datos de localización o de salud. “¿En qué manos están cayendo esos datos y qué van a hacer después con ellos? Una vez que acabe el estado de alarma, “tendrían que ser eliminados o utilizados para investigación científica y así estar preparados para nuevas pandemias”: “Sobre todo hasta que salga una vacuna porque a lo mejor el estado de alarma se acaba pero de repente hay otro pico”.
Lo que se quiere evitar “a toda costa” es que España implemente “un estado de vigilancia permanente”. Explica que esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con el atentado del 11-S. “Mira cómo están los aeropuertos desde entonces o la cantidad de cámaras que hay. Se han interpuesto muchas medidas de control con la excusa de garantizar la seguridad”, concluye.
Fuente. El país.
